Diagnóstico serio sobre sistema oral de justicia: José Ramón Cossío Díaz

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Ciudad de México. Ante la crisis de confianza y falta de efectividad del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), se debe realizar un diagnóstico serio en el que cada uno de los actores involucrados (poder ejecutivo, legislativo y judicial) analicen honestamente qué dejaron de hacer y qué errores cometieron para que estemos actualmente en una grave situación en la que está en riesgo la seguridad del país y el patrimonio de las familias mexicanas, sostuvo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz.

El togado convocó a un “pacto de Estado” en el que los tres poderes de la Unión, los gobernadores y congresos locales asuman su responsabilidad para reconocer qué hicieron bien y qué les falta por hacer para que el sistema oral cumpla con las expectativas.




De lo contrario, aseveró, seguiremos en esta dinámica de echarnos la culpa unos a otros y que esto siga deteriorándose.

En entrevista realizada en sus oficinas del máximo tribunal del país, Cossío descalificó las propuestas de diversos actores políticos de incrementar las penas para ciertos delitos –como la portación de armas de fuego- o aumentar el catálogo de ilícitos graves para que los presuntos culpables sean juzgados en prisión preventiva.

También hizo un llamado a los actores políticos a no hacer del tema de justicia un tema electoral en el 2018, porque está en juego la seguridad del país, el incremento de la actividad delictiva y la violencia, la saturación de los penales y el desencanto de la sociedad en el nuevo sistema.

“Es un tema de gran magnitud y seriedad” en el que todos revisar lo que estamos haciendo y no lo podemos aprovechar como tema de campaña en las elecciones próximas, subrayó Cossío quien rechazó también que las recientes decisiones del máximo tribunal le permitan a más de 10 presos que están bajo proceso salgan en libertad.




Lo que ha dicho el máximo tribunal es que quienes están bajo proceso conforme el antiguo sistema penal, están ahora en su derecho de solicitar que puedan llevar su proceso en libertad; sin embargo, subrayó, dicha petición deberá ser procesada en una audiencia en la que estarán presentes el ministerio público y las víctimas y sólo después de escuchar a las partes, el juzgador decidirá si el acusado no representa un peligro para la sociedad

Dijo que el Poder Judicial de la Federación debería poner el ejemplo en dicho diagnóstico.

Por ejemplo, indicó, saber cuántos policías y de qué dependencias están capacitados para el nuevo sistema, cuántos de ellos pueden hacerse de una escena del crimen, de cumplir con la cadena de custodia.

Se debe revisar qué servicios periciales y de qué instituciones están trabajando como deben hacerlo y cuáles no lo han hecho, si tienen el personal capacitado y la infraestructura necesaria para cumplir con su cometido.

El tema de los fiscales, ¿cuántos están capacitados para cumplir con los requisitos del nuevo sistema para acreditar la responsabilidad del delito y la presunta culpabilidad del sospechoso?




Respecto al Poder Judicial de la Federación, éste también debe hacer una reflexión autocrítica de qué ha hecho bien y en dónde ha fallado, si los defensores públicos federales están realmente listos para afrontar el nuevo sistema y si también, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido congruente en sus resoluciones que tienen que ver con la entrada en marcha del sistema oral acusatorio.

Sin querer comprometerse, señaló que ante el enorme gasto que se ha hecho a nivel nacional para poner en marcha este nuevo sistema (el Congreso dio un plazo de ocho años que se cumplió el año pasado), le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y las contralorías involucradas revisar el buen uso de dichos recursos.

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